Mujer, de 44 años, con hijos/as a cargo y en situación de desempleo. Este es el perfil medio de las nuevas personas atendidas por Cruz Roja a través del Plan RESPONDE frente a la COVID-19, puesto en marcha ahora hace un año, tras decretarse el estado de alarma en nuestro país y que, hasta el momento, ha permitido apoyar a más de 3.590.000 personas.
Las personas que se han incorporado a Cruz Roja a raíz de la pandemia son claramente más jóvenes que las personas a las que ya atendía la Organización (44,4 años de media frente a 65 años), hay una mayor proporción de hogares con hijos menores de 16 años (50,2% frente al 22% del grupo que ya estaba siendo atendido por Cruz Roja), con una tasa de pobreza infantil del 95,6% y mayores tasas de riesgo de pobreza y exclusión (95,2% frente a 73,8%) y desempleo (30,5% frente al 24,8%). En conjunto, el 57,5% de las personas atendidas se sitúan en la pobreza extrema. El dato para la población general es del 2,9%.
Estos son algunos de los datos que se desprenden del Boletín sobre la Vulnerabilidad Social nº 20 presentado hoy jueves, ‘Impacto de la COVID-19 en la población atendida por Cruz Roja a través del Plan RESPONDE’, una investigación que pretende obtener una radiografía detallada sobre el grado de vulnerabilidad, riesgo de pobreza y exclusión y necesidades y expectativas de las personas atendidas por la Organización a través del Plan Cruz Roja RESPONDE.
Este estudio, desarrollado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, indaga también en la información sobre los ingresos, situación ocupacional y los factores asociados a la salud, vivienda y protección social de estas personas con el fin de ofrecer información relevante a todos los actores implicados en la respuesta a la pandemia desde las administraciones públicas, agentes sociales, tercer sector y academia.
La situación socioeconómica establece considerables diferencias entre las personas incorporadas a raíz de la pandemia y las que habían tenido alguna relación con Cruz Roja previamente: entre las nuevas, las personas jubiladas sólo representan el 13,2% (antes eran el 51%), aumentando sobre todo el desempleo (51,7%, frente al 24,8%) y, en menor medida, la proporción de personas ocupadas (25,3% cuando antes representaban el 14,6%). La tasa de trabajadores pobres es, para el conjunto de la población atendida, del 82,3% y, para las personas de nueva incorporación, del 90,2%.
Quienes han acudido a Cruz Roja por primera vez tras la pandemia afrontan las situaciones más dramáticas: el 95,2% de sus hogares están en riesgo de pobreza o exclusión (frente al 73,8% del grupo que ya estaba siendo atendido por Cruz Roja. AROPE), el 92,6% están por debajo del umbral de la pobreza (antes, el 67,2%), el 63,1% experimentan privación material severa (antes era el 39,3%) y el 56,2% tiene en paro a todos sus miembros en edad laboral (frente al 50,7 de las personas que ya estaban siendo atendidas por Cruz Roja).
El 56,7% de las personas encuestadas afirma tener un estado de salud regular, malo o muy malo y el 35,2% señala que éste ha empeorado tras la pandemia. El 33,5% ha sido afectado por la COVID-19 de un modo cercano, siendo un 15,8% quienes declaran haber contraído la enfermedad personalmente. Además, como consecuencia indirecta de la pandemia los trastornos psicológicos o emocionales tienen un impacto decisivo: el 66% afirma tener algún problema emocional siempre o la mayor parte del tiempo, siendo la preocupación (43,1%), la tristeza (28.9%) y la depresión (24,9%) los estados de ánimo negativos más extendidos.
La vivienda constituye una de las áreas de vulnerabilidad de las personas encuestadas. Concretamente, el 18,2% señalan problemas en este ámbito. Y, de hecho, un 6,5% está en situación de exclusión residencial. Pero, además, un 31,4% que residen en hogares con graves problemas de salubridad. Estas situaciones son más duras entre las personas que se han incorporado a la atención de Cruz Roja a raíz de la pandemia. El 46,1% tiene problemas para afrontar pagos relacionados con la vivienda y/o suministros. Entre la población de nueva incorporación, la situación afecta al 70,3%.
El 14,6% afirma no contar con nadie que pudiera prestarle apoyo ni antes, ni después de la pandemia. Y para un 9,8% su red de apoyos ha disminuido en el contexto de la COVID-19. Esta carencia o empeoramiento de la red social es más grave en el caso de las personas que acuden por primera vez a Cruz Roja (el 17,5% ha carecido siempre de ella y para el 14,2% ésta se ha visto reducida). En cuanto a las medidas gubernamentales incluidas en el llamado Escudo Social, sólo los ERTE parecen haber tenido una difusión relativamente amplia: algo más de la mitad de los trabajadores se han beneficiado de ellos.
La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto en múltiples ámbitos de la vida de las personas atendidas en el programa RESPONDE, pero este impacto es aún más grave en el caso de las mujeres. Sus indicadores de salud son más negativos (mayor proporción de contagios y de secuelas) como también las consecuencias directas en el ámbito laboral (más despidos y menos ERTES u opciones a teletrabajar).
Un elemento clave en el análisis de los efectos de la COVID-19 es atender a las alarmas que se encienden alrededor de un tipo de hogar muy concreto: los hogares con niños, niñas y adolescentes. Es preocupante su peso en el programa Responde y, sobre todo, entre las nuevas incorporaciones: el 50,2% de los hogares nuevos tiene entre sus miembros algún menor de 16 años. Un tercio de estos hogares declaran que han tenido problemas para seguir el curso escolar durante el confinamiento, por ejemplo el 23,6% afirman no haber contado con el equipo necesario para seguir las clases.
La brecha digital causada por la pobreza y la falta de competencias digitales no sólo afecta a los hogares con menores de edad, sino que es un problema generalizado de los hogares atendidos por Cruz Roja en el programa Responde. En el 63,8% de los hogares no se dispone de ordenador y en el 46,6% no tienen contratado ningún servicio de Internet en el hogar. La digitalización de muchos procesos y servicios, acelerada por la pandemia, añade dificultades a estos hogares vulnerables, impidiendo su acceso a determinados servicios y prestaciones, acrecentando su fragilidad y multiplicando su aislamiento, algo especialmente relevante en el caso de las personas mayores.
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